En abril de 2006 los periodistas
María Elvira Samper y
Héctor Abad Faciolince hacían sendas críticas a la integridad profesional del periodista
Jorge Enrique Botero, por un libro escrito por él, y en el cuál el tema central era el nacimiento en cautiverio del hijo de
Clara Rojas, secuestrada junto a la célebre ciudadana colombo-francesa
Ingrid Betancourt. El bebé fue llamado
Emmanuel. Se dieron múltiples especulaciones sensacionalistas en torno a la paternidad del menor, insinuándose que su padre era un cabecilla de la guerrilla de las
Farc, y cuya cúpula declaró categóricamente que el niño
“les pertenecía”.
El libro de
Botero no aportó nada a la situación jurídica y humanitaria de los secuestrados en cuestión -como era de esperarse-, y resultó ser un novelón amarillista, como lo describieron magistralmente la
Samper en la
Revista CAMBIO y
Faciolince en la
Revista SEMANA en su momento, citados en un artículo del
OIMC titulado
Dándole duro a Jorge E. Botero. Aunque dentro de la pobre defensa que
Botero brindó de su
“magna obra”, quizás lo único cierto que se puede decir en su defensa es que su libro sirvió para que nos enteráramos de la existencia de
Emmanuel. El caso de
Emmanuel despierta más susceptibilidad en el público, por tratarse de un ser completamente indefenso, nacido en cautiverio, y cuya vida está en constante peligro, como es de suponerse cuando de la vida de un secuestrado se trata.
La vida de
Emmanuel y todos los secuestrados es responsabilidad exclusiva de sus captores. Aunque el gobierno nacional, al igual que los gobiernos anteriores, ha demostrado ser un fiasco en muchos temas sensibles de la agenda pública, incluida su política de seguridad democrática, acertadamente ha rechazado las presiones foráneas como las del gobierno francés, que pretende intervenir en delicados asuntos de seguridad nacional, buscando un despeje territorial equivalente al del gobierno de
Andrés Pastrana Arango, para conseguir la liberación de una ciudadana, que ahora resultó ser más francesa que colombiana. El aberrante ensayo de
Pastrana en el que se despejó un área del tamaño de
Suiza, so pretexto de lograr la paz con este grupo armado, sirvió para la continuación y ampliación geométrica de las actividades delictivas de narcotráfico, secuestro, muerte y extorsión.
Los otros secuestrados no tan famosos, como los diputados del
Valle, civiles, policías y militares mantenidos en cautiverio bajo condiciones inhumanas, junto a los asesinatos de la población civil y sus desplazamientos, hacen poco viable un intercambio humanitario. Por supuesto el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad en el orden público, y en el escándalo de la
parapolítica, por los nexos entre políticos uribistas y los grupos de autodefensas de las
Auc. Pero una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. La exigencia por la liberación de los secuestrados de las
Farc ha de ser apolítica. El aberrante caso del cautiverio de
Emmanuel sólo demuestra una vez más que a ningún grupo terrorista, llámese
Farc o
Auc, le interesa el bienestar de los colombianos.
No existe razón para declarar a los unos
“secuestrados políticos”, relegando al resto de víctimas de este crimen a un estatus secundario de
“secuestrados por extorsión”. Por eso el
OIMC no puede adherirse al 100% al manifiesto del blog
Libertad para Emmanuel, y de cuyas nobles y honorables intenciones no existe duda por parte del
OIMC. Los colombianos clamamos por la libertad de
Emmanuel y todos los secuestrados sin distinciones especiales de ninguna clase. Sería una vil infamia contra los secuestrados
“no políticos” hacerlo de otra manera, y que a la larga redundaría en la odiosa pero cierta circunstancia del quehacer político nacional, donde hay secuestrados de
“primera” y de
“segunda”, de acuerdo a los intereses políticos de los involucrados. Ellos también tienen hijos y familiares de la edad e inocencia de
Emmanuel, que claman por sus seres más queridos.
Todos los colombianos, y
Emmanuel entre ellos, tienen derecho a vivir una vida libre y digna, y el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, bajo el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley, y tenemos los mismos derechos y deberes. Además por mandato expreso de la
Constitución Política de 1991, que es el mandato del pueblo, el estado tiene el monopolio de la fuerza, y el deber de intentar la liberación de los secuestrados por vías pacíficas, si las circunstancias lo permiten, o armadas, si no lo permiten. Es triste la situación, y ciertamente una operación de rescate puede ser riesgosa. De cualquier manera, con o sin
acuerdo humanitario, la vida de los secuestrados y las esperanzas y desesperanzas de sus familiares, residen exclusivamente en las huestes de sus infames captores, y no del gobierno. Que no se nos olvide ese
“pequeño” detalle.
¡Libertad para todos los secuestrados YA!
